No cabe duda de confirmarse oficialmente su llegada a Palacio, Keiko Fujimori no ingresará únicamente a una sede de gobierno; entrará en un territorio político minado. No la recibirá un país reconciliado, paciente ni dispuesto a concederle una tregua. La esperará un país cansado, desconfiado y dividido, con una oposición que no aguardará los simbólicos cien días para empezar a cuestionarla.
Desde mi punto de vista, ese será el primer gran problema de su gobierno: no tendrá luna de miel política. Otros mandatarios pudieron iniciar sus gestiones con cierto margen de espera, con el beneficio de la duda o con una ciudadanía dispuesta a mirar los primeros pasos antes de juzgar. Keiko no tendrá ese privilegio. Su apellido, su partido, su historia política y el peso del fujimorismo harán que cada decisión sea observada con lupa.
La pregunta es inevitable: ¿puede una presidenta gobernar cuando una parte importante del país ya decidió desconfiar de ella antes de que empiece? Esa será la prueba inicial. No se trata solo de ganar una elección. Se trata de demostrar, desde el primer día, que se puede gobernar sin caer en la soberbia, sin repartir el Estado como botín y sin convertir la autoridad en abuso.
La izquierda intentará reactivar el viejo grito de “Keiko no va”, mientras los sectores más radicales buscarán instalar la idea de una presidencia ilegítima, frágil o bajo permanente sospecha. Esa estrategia no será nueva. Ya la hemos visto antes en la política peruana: convertir cada error en crisis, cada nombramiento en escándalo y cada gesto de firmeza en acusación de autoritarismo. Pero también sería un error que Keiko responda con victimización o con confrontación permanente. Gobernar no es pelear todos los días; gobernar es tomar decisiones que resistan el escrutinio público.
Por eso, creo que su primer desafío no será económico, ni siquiera de seguridad. Su primer desafío será no equivocarse en lo básico. Y lo básico empieza por el gabinete Ministerial. Si nombra ministros cuestionados, investigados o sin preparación, ella misma le entregará municiones a sus adversarios. Si coloca operadores políticos en ministerios estratégicos, perderá autoridad moral antes de ejercer autoridad política. Si usa el Estado para pagar favores electorales, entonces no podrá quejarse cuando la ciudadanía la acuse de repetir la vieja política.
Es hora de que el país necesita ministros que sepan ejecutar, no figuras decorativas. Necesita autoridades capaces de resolver problemas concretos: inseguridad, corrupción, servicios públicos deficientes, infraestructura abandonada, salud precaria y educación en crisis. Un ministro no puede llegar a aprender desde cero. El país no está para prácticas profesionales pagadas con dinero público.
Pensemos en un ejemplo sencillo. Si una familia contrata a alguien para reparar una casa que se está cayendo, no busca al amigo más cercano ni al más leal, sino al más competente. El Estado debería funcionar igual. La lealtad política puede ser útil, pero jamás debe estar por encima de la capacidad técnica y la solvencia moral. Un mal gabinete puede incendiar un gobierno antes de que este empiece a caminar.
Otro reto central será la seguridad. Muchos de sus votantes esperan un gobierno con autoridad, orden y mano firme frente al terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia común. Para ellos, el apellido Fujimori sigue asociado con decisión y capacidad de mando. Pero allí aparece una frontera delicada: ¿cómo ejercer autoridad sin repetir los errores del pasado? ¿Cómo enfrentar al crimen sin debilitar derechos? ¿Cómo recuperar el orden sin caer en excesos?
Keiko tendrá que administrar ese legado con inteligencia. La firmeza no puede ser sinónimo de atropello. La seguridad no puede ser excusa para la impunidad. Y la autoridad democrática no puede confundirse con imposición. Si su gobierno quiere diferenciarse de las sombras históricas del fujimorismo, deberá demostrar que puede aplicar mano firme dentro del Estado de derecho.
También deberá enfrentar la corrupción sin cálculo político. En mi opinión, este será uno de los puntos que definirá su legitimidad. No basta con discursos contra la corrupción. El país ya escuchó demasiadas promesas. Se necesita fiscalización real a gobiernos regionales y locales, control del gasto público, transparencia en contrataciones, meritocracia en los cargos y sanciones rápidas contra funcionarios corruptos.
La corrupción no siempre aparece como un gran escándalo nacional. Muchas veces se esconde en una obra mal hecha, en una licitación dirigida, en una posta médica sin medicinas, en una carretera inaugurada dos veces y nunca terminada. Por eso, combatirla exige algo más que indignación: exige sistema, control y decisión política.
Keiko Fujimori tendrá que entender que no le bastará con decir que quiere ordenar el país. Tendrá que demostrarlo. Y ordenar no significa gritar más fuerte, sino gobernar mejor. Significa escoger bien, escuchar a quienes piensan distinto, corregir rápido y no proteger a los propios cuando se equivocan.
El Perú no necesita una presidenta encerrada en su círculo de confianza. Necesita una presidenta capaz de leer el momento histórico. El país está agotado de presidentes débiles, congresistas oportunistas, partidos sin doctrina y funcionarios que confunden el poder con privilegio. Si Keiko quiere sobrevivir políticamente, deberá construir legitimidad día a día. No la recibirá gratis.
¿Podrá hacerlo? Esa es la pregunta que queda abierta. Personalmente, creo que su éxito dependerá menos de sus enemigos y más de sus primeras decisiones. La oposición será dura, sí. Las calles pueden tensarse, sí. Los cuestionamientos serán permanentes, también. Pero el verdadero riesgo no estará solo afuera. Estará adentro: en la tentación de premiar lealtades, de cerrar filas ante los errores y de creer que ganar una elección equivale a tener permiso para gobernar sin límites.
Finalmente, Keiko Fujimori asumirá el poder el 28 de julio y encontrará un Palacio políticamente cercado por la desconfianza, la polarización y las expectativas contradictorias de un país cansado. Su principal desafío será demostrar que puede gobernar con autoridad sin caer en autoritarismo, con firmeza sin abusos y con eficiencia sin corrupción. No tendrá cien días de gracia. Tendrá, más bien, cien ojos vigilándola desde el primer minuto. Y quizá allí esté la verdadera prueba: no solo ganar el poder, sino demostrar que sabe ejercerlo.