Sigo creyendo que nuestro país podría avanzar a pasos agigantados si en los puestos estratégicos del Estado estuvieran profesionales realmente preparados, capaces de diseñar políticas serias, administrar correctamente los recursos públicos y ejecutar proyectos con una visión que vaya más allá de un periodo de gobierno. Tenemos profesionales con talento y experiencia. Lo que muchas veces falta es la decisión de poner mérito, capacidad y resultados por encima de la militancia política.
Y es precisamente aquí donde mi crítica se dirige a determinados sectores de la izquierda radical. No cuestiono que exista una izquierda democrática ni que cualquier ciudadano tenga derecho a defender sus ideas. Lo que cuestiono es una forma de hacer política basada, desde mi opinión, en la confrontación permanente, la polarización y la priorización de intereses ideológicos por encima de las necesidades inmediatas del país.
¿Acaso el Perú puede permitirse que la lucha política sea más importante que la seguridad de sus ciudadanos? ¿Podemos seguir discutiendo quién tiene la razón mientras las familias viven preocupadas por la delincuencia, mientras existen problemas de infraestructura y mientras el Estado enfrenta permanentemente dificultades para ejecutar sus propios proyectos?
Desde mi perspectiva, una de las actitudes más preocupantes del radicalismo político es convertir al adversario en enemigo. Cuando la política funciona bajo esa lógica, cualquier propuesta del otro sector es rechazada simplemente porque proviene del otro sector. Ya no importa tanto si una medida funciona; importa quién la propone. Eso es precisamente peligroso.
También cuestiono la utilización de las instituciones como escenarios de confrontación política. El Congreso tiene que fiscalizar, legislar y representar a los ciudadanos. Investigar hechos políticos relevantes es parte de sus funciones. Pero ¿en qué momento una investigación necesaria termina desplazando las urgencias que afectan diariamente al ciudadano?
El caso de Pedro Castillo es un ejemplo inevitable dentro de esta discusión. Los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022 fueron suficientemente graves como para que las instituciones investiguen y determinen responsabilidades. Eso no debería discutirse. Pero tampoco es saludable que la política nacional quede atrapada indefinidamente en la confrontación alrededor de acontecimientos pasados mientras existen problemas que requieren soluciones inmediatas.
Entonces, no consiste en decir que investigar sea incorrecto. Mi crítica está en preguntarnos si estamos dedicando suficiente energía a resolver los problemas del presente. La misma exigencia debe aplicarse cuando hablamos de la designación de funcionarios. No me interesa si alguien pertenece a la izquierda, a la derecha o al centro. Si va a ocupar un cargo estratégico, quiero saber qué preparación tiene, qué experiencia posee y qué resultados puede ofrecer.
Porque cuando la política reemplaza al mérito, el costo no lo paga el partido: lo paga el ciudadano. Y aquí encuentro una contradicción que merece ser discutida. Algunos sectores políticos hablan constantemente de defender al pueblo, pero ¿cómo se defiende realmente al pueblo? ¿Con discursos incendiarios? ¿Con enfrentamientos permanentes? ¿Con consignas ideológicas? ¿O creando empleos, mejorando hospitales, construyendo infraestructura, fortaleciendo la seguridad y utilizando correctamente cada sol del presupuesto público?
La patria no necesita fanatismo político. Necesita capacidad: personas que puedan sentarse frente a un problema y buscar una solución, aunque esa solución no genere aplausos. Necesita funcionarios que conozcan su área y que puedan ser evaluados por resultados. Necesita políticos capaces de reconocer una buena propuesta aunque venga de su adversario.
Por eso pienso que la izquierda radical debe ser sometida al mismo escrutinio democrático que cualquier otra corriente política: sus propuestas deben ser evaluadas por sus resultados, sus discursos contrastados con sus acciones y sus decisiones examinadas a la luz de sus consecuencias. No basta decir que se representa al pueblo. Hay que demostrarlo. No basta denunciar al adversario. Hay que presentar soluciones. No basta cuestionar el sistema. Hay que explicar qué se propone construir en su lugar.
En otras palabras, el futuro del Perú debe depender de qué ideología consiga imponerse sobre la otra. Creo que debe depender de algo mucho más sencillo y al mismo tiempo, mucho más exigente: la capacidad de quienes gobiernan para responder por sus decisiones y producir resultados concretos. Mi crítica a la izquierda radical nace precisamente de ahí: cuando la confrontación, la polarización y la ideología terminan ocupando el espacio que deberían ocupar la gestión, el mérito y las soluciones, el país pierde tiempo que no puede recuperar.
El Perú no necesita enemigos internos construidos por la retórica política. Necesita ciudadanos y autoridades capaces de discrepar sin destruirse, competir sin sabotearse y gobernar sin olvidar para quién trabajan. Porque al final de cada batalla política hay una pregunta que nadie debería poder esquivar: ¿qué ganó el político y qué ganó el ciudadano?
