Por Ubaldo Alvarez A ||

Desde que tengo uso de razón, siempre he tenido una profunda conexión con la tierra y sus frutos. Crecer en una familia de agricultores me enseñó a valorar cada grano de maíz y cada gota de sudor derramada en los campos. Por eso, al revisar la información de un medio de comunicación regional de Moquegua sobre la grave situación que atraviesan los agricultores de Omate y los distritos circundantes debido a la plaga de la mosca de la fruta, no pude quedarme indiferente. Me siento comprometido a alzar la voz, a exponer la realidad de cientos de familias que ven su sustento venirse abajo ante sus ojos sin recibir el apoyo necesario.

La alcaldesa de la provincia General Sánchez Cerro, Flerida Meza Ramos, ha mostrado una preocupación que no solo comparto, sino que considero urgente y crítica. Estamos frente a una emergencia agrícola que amenaza la economía local y, lo que es peor, la subsistencia de muchas familias. La plaga de la mosca de la fruta ha causado pérdidas significativas, afectando no solo la producción, sino también la esperanza de quienes dependen de la agricultura para vivir.

La burgomaestre ha sido clara en su mensaje: necesitamos acciones inmediatas. No obstante, la respuesta de las instituciones encargadas de apoyar en estas situaciones, como el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), ha sido decepcionante. La falta de apoyo presupuestario de estos organismos es un insulto a los agricultores que trabajan incansablemente para proveer alimentos a nuestras mesas.

La alcaldesa ha anunciado que el Gobierno Regional de Moquegua  está elaborando una ficha para presentarla al Fondo de Desarrollo Moquegua (FDM), con el objetivo de obtener los recursos necesarios para enfrentar esta crisis. Esta es una medida correcta, pero no suficiente. La burocracia no puede ser un obstáculo cuando el hambre y la desesperación tocan las puertas de los hogares de Omate y los demás distritos.

El Centro de Control Biológico, construido por el FDM, es una de las pocas luces en medio de esta oscuridad. Con una transferencia de 150 mil soles realizada por los municipios de las tres provincias, se ha logrado operativizar este centro. Sin embargo, como bien señala Meza, no se ha cumplido con las expectativas iniciales. Hace falta más que infraestructura; se necesita capital humano capacitado y comprometido para hacer frente a la plaga de manera efectiva.

Este centro no debe convertirse en un elefante blanco, una inversión que se convierte en un monumento a la ineficacia. Necesitamos resultados tangibles, y eso solo se logra con un compromiso real y sostenido de todas las partes involucradas. No podemos permitir que los agricultores, ya golpeados por las pérdidas, vean cómo sus esperanzas se desvanecen por falta de acción efectiva.

Paralelamente a la crisis agrícola, la provincia General Sánchez Cerro enfrenta serios problemas de infraestructura vial. Durante una reunión con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y alcaldes de la provincia, se discutieron proyectos vitales como la carretera Moquegua-Omate-Arequipa y el programa Pro-región. No obstante, la ausencia de altos funcionarios capaces de tomar decisiones ha sido una constante frustración.

El estado calamitoso de las vías no solo dificulta el transporte de bienes, sino que agrava la situación de los agricultores que, además de lidiar con una plaga devastadora, deben enfrentar caminos en condiciones deplorables. La licitación del corredor vial 41 y el mantenimiento de la carretera Moquegua-Omate-Arequipa son tareas urgentes que no pueden seguir posponiéndose. Los compromisos asumidos en la reunión del 19 de marzo deben materializarse, y la falta de avances hasta la fecha es inaceptable.

Es imperativo que las autoridades tomen en serio el clamor de Flerida Meza Ramos y los agricultores de su provincia. No podemos seguir permitiendo que los compromisos queden en palabras vacías. Meza ha anunciado que viajará a Lima para hablar directamente con el MTC y, si fuera  posible con la presidenta de la República. Este es un paso necesario, pero no suficiente. El gobierno debe responder con acciones concretas y efectivas.

Las soluciones pasan por una serie de medidas que deben implementarse sin demora:

Asignación de recursos suficientes para el control de la plaga de la mosca de la fruta. Esto incluye no solo fondos, sino también la presencia de profesionales capacitados.

Mejora y mantenimiento de la infraestructura vial. Las carreteras son la columna vertebral del transporte agrícola y su deterioro afecta gravemente a los productores.

Transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones responsables. INIA y SENASA deben justificar su falta de acción y presentar un plan claro y efectivo.

Participación activa de los agricultores en la toma de decisiones. Ellos son quienes mejor conocen la realidad del campo y sus necesidades.

La situación en Omate y los distritos de la provincia General Sánchez Cerro es un reflejo de una realidad que se repite en muchas partes de nuestro país. Los agricultores, pese a ser los pilares de nuestra seguridad alimentaria, son frecuentemente olvidados y subestimados. La plaga de la mosca de la fruta es solo un síntoma de problemas más profundos y estructurales que deben ser abordados con seriedad y compromiso.

Como sociedad, tenemos una deuda con quienes trabajan la tierra. Su esfuerzo y sacrificio merecen ser reconocidos y apoyados de manera efectiva. No basta con promesas; se necesitan acciones concretas y resultados palpables. La voz de Flerida Meza Ramos y de todos los agricultores afectados no debe caer en el vacío. Es momento de que las autoridades cumplan con su deber y demuestren que la agricultura y los agricultores son una prioridad nacional.

En mi opinión, si no actuamos ahora, las consecuencias serán devastadoras no solo para Omate, sino para la agricultura en todo el país. Los tiempos de crisis requieren liderazgo y decisión. La historia juzgará nuestra capacidad de responder ante esta emergencia, y espero que podamos estar a la altura del desafío.

En conclusión, la situación de emergencia en la provincia General Sánchez Cerro es un llamado urgente a la acción. Las autoridades deben dejar de lado la burocracia y enfocarse en soluciones reales y sostenibles. Los agricultores no pueden seguir esperando; sus vidas y su futuro dependen de nuestra capacidad de respuesta. Es hora de actuar, y es hora de hacerlo con la seriedad y el compromiso que esta crisis merece.