La educación, más allá de ser un derecho fundamental, es el pilar sobre el cual se construyen las sociedades. A lo largo de los años, hemos visto cómo las instituciones educativas se convierten en un reflejo de las realidades sociales y políticas de un país. Sin embargo, lo que presenciamos recientemente en la marcha organizada por miles de escolares, exalumnos, padres de familia y docentes contra la congresista María Agüero, nos obliga a reflexionar sobre un tema más profundo: ¿Qué está pasando en nuestra sociedad cuando quienes deberían ser escuchados, deben recurrir a las calles para hacerse oír?
Ayer, en la ciudad de Arequipa participaron en el evento los colegios Micaela Bastidas e Independencia es una advertencia cruda de la desconexión que existe entre nuestros representantes políticos y la realidad de las poblaciones que dicen representar. La protesta, que comenzó en el Colegio Independencia, movilizó a más de 5 mil personas hacia la Plaza de Armas. Este no fue un simple acto de rebeldía estudiantil, sino una manifestación organizada y con un propósito claro: rechazar lo que consideran un acto de discriminación por parte de la congresista Agüero.
Desde mi perspectiva, las reacciones de las comunidades educativas fueron una respuesta justa y necesaria. No es suficiente que una congresista, cuya función principal es representar y servir a la población, exprese públicamente críticas destructivas hacia las instituciones educativas sin previamente haber comprendido la realidad del contexto escolar. Esta falta de sensibilidad no solo es una muestra de desdén hacia quienes forman parte del sistema educativo, sino también una señal alarmante de la falta de preparación y compromiso de algunos de nuestros representantes.
He visto cómo, en diversas ocasiones, la política se convierte en un espectáculo donde se busca más el escándalo que la solución. Sin embargo, en este caso, el problema va más allá de una simple declaración desafortunada. La falta de planificación y consideración por parte de la congresista Agüero al realizar una visita inesperada al Colegio Independencia es un reflejo de un problema más amplio: la falta de respeto y reconocimiento hacia las instituciones educativas y, por ende, hacia la educación misma.
En un país donde la educación es constantemente golpeada por la falta de recursos, infraestructura deficiente y políticas educativas inestables, no se puede permitir que nuestros representantes políticos menosprecien el esfuerzo diario de estudiantes, docentes y padres de familia. La educación no es un campo de batalla para los intereses políticos; es un derecho y un deber que todos, sin excepción, debemos proteger y fortalecer.
El alcalde escolar del Colegio Independencia, Jaime Ba Álvarez, al exigir que el Congreso sancione a la congresista Agüero, no solo está levantando la voz por su institución, sino por todas las escuelas que alguna vez han sido objeto de críticas injustificadas. Los jóvenes no son el futuro, son el presente, y su voz merece ser escuchada y respetada. Este es un llamado para todos los que ocupan cargos de poder: sus acciones y palabras tienen un impacto real en las vidas de las personas que representan.
En medio de este tumulto, no podemos ignorar el apoyo que la congresista Agüero ha recibido de su partido, Perú Libre. Este respaldo, aunque comprensible desde una perspectiva partidaria, pone en tela de juicio el compromiso de los partidos políticos con la educación y el respeto hacia las instituciones. Es preocupante ver cómo, en lugar de fomentar un diálogo constructivo y buscar soluciones que beneficien a las comunidades educativas, se opta por cerrar filas en torno a quienes, a todas luces, han cometido un error.
La participación de miles de personas en la marcha no fue un hecho aislado, sino la manifestación de un sentimiento generalizado de descontento. Es un llamado de atención a las autoridades para que reconsideren sus acciones y, sobre todo, sus palabras. En un país con una historia rica y compleja, donde las instituciones educativas han jugado un papel preponderante en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos, es inaceptable que se ignore o se subestime su importancia.
Las protestas no son simplemente actos de desobediencia; son una forma legítima de expresar descontento y de demandar cambios. En este caso, las comunidades educativas no solo protestan contra la congresista Agüero, sino contra un sistema que, en ocasiones, parece más interesado en el poder y el control que en el bienestar de sus ciudadanos. La educación debe ser prioritaria, y cualquier intento de menospreciarla o utilizarla con fines políticos debe ser denunciado y corregido.
A menudo, en la vorágine de la política, se olvida que los verdaderos protagonistas son aquellos a quienes se supone debemos servir. Los estudiantes, los maestros y los padres de familia son el corazón de nuestras comunidades, y su voz debe ser escuchada y respetada. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos y como seres humanos, defender la educación y garantizar que nuestras instituciones sean lugares de respeto, inclusión y crecimiento.
Al reflexionar sobre este evento, me pregunto cuántas veces hemos ignorado o subestimado la voz de nuestras comunidades educativas. ¿Cuántas veces hemos permitido que el ruido de la política oscurezca las verdaderas necesidades de nuestros estudiantes? Este no es solo un problema de una congresista en particular, sino de una sociedad que, en ocasiones, parece haber perdido su rumbo.
La educación no es un tema para ser discutido en términos de izquierda o derecha, de aliados o adversarios. Es un tema de interés nacional, de justicia social y de desarrollo humano. Al permitir que la política partidaria invada el espacio educativo, estamos fallando no solo a nuestros estudiantes, sino también a nuestro futuro como nación.
Con el caso de María Agüero ahora en manos de la fiscal Dolly Manrique, cabe esperar que se realice una investigación justa y objetiva. Sin embargo, más allá de las sanciones legales o políticas, lo que realmente necesitamos es un cambio de actitud. Necesitamos representantes que valoren y respeten la educación, que estén dispuestos a escuchar y aprender de las comunidades a las que sirven, y que reconozcan que la educación es un derecho, no un privilegio.
Finalmente, la marcha de miles de estudiantes, exalumnos, padres y docentes no fue solo un acto de protesta, sino un clamor por el respeto y la dignidad. Fue una exhortación de que la educación es el cimiento sobre el cual se construye una sociedad justa y equitativa. Es hora de que nuestros representantes políticos entiendan que la educación no es un campo de batalla para sus intereses, sino un espacio sagrado que todos debemos proteger y valorar.
El futuro de nuestro país depende de la calidad de la educación que brindamos hoy. No podemos darnos el lujo de ignorar o subestimar a quienes, con su esfuerzo y dedicación, están formando el futuro de nuestra nación. La educación es, y siempre será, la llave que abre las puertas hacia un futuro mejor. Es nuestro deber asegurarnos de que esa llave esté siempre en manos de aquellos que la valoran y respetan.
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