Desde que comencé a analizar los cambios económicos de China, me ha llamado profundamente la atención cómo un país puede transformarse tan rápido y, al mismo tiempo, seguir enfrentando desafíos que parecen resistentes al tiempo y al dinero. Todos hemos escuchado los titulares: China, la segunda economía más grande del mundo, el gigante que sacó a cientos de millones de la pobreza extrema. Y sí, no cabe duda de que los logros son impresionantes. Pero, ¿acaso esto significa que China ha resuelto de manera integral el problema de la pobreza? Mi experiencia y análisis me dicen que no.
Cuando vemos que más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema desde 1978, es natural sentirse impresionado. Sin embargo, detrás de esta cifra, la realidad es mucho más compleja. La pobreza, como fenómeno social, no se mide únicamente por los ingresos. Aun cuando el gobierno chino declaró la erradicación de la pobreza extrema en 2020, esta medida se basó en umbrales nacionales relativamente bajos, y no necesariamente reflejaba estándares internacionales de bienestar. ¿Cómo podemos decir que un país ha superado la pobreza si millones aún viven con privaciones en educación, salud y vivienda?
El contraste entre lo urbano y lo rural es una de las piedras angulares de este dilema. Las ciudades chinas se han modernizado de manera vertiginosa, con rascacielos, tecnología y consumo elevado, mientras que muchas zonas rurales siguen rezagadas. La migración interna no ha sido suficiente para equilibrar estas diferencias: el sistema Hukou, que restringe el acceso de los migrantes rurales a servicios urbanos, mantiene a cientos de miles en empleos de baja remuneración y sin protección social completa. Me pregunto constantemente: ¿cómo puede hablarse de desarrollo pleno cuando el acceso a derechos básicos sigue condicionado por la geografía y el registro familiar?
Además, la pobreza no solo es económica. Las privaciones multidimensionales —falta de educación de calidad, hospitales saturados, viviendas insuficientes— siguen afectando a millones de personas. Un ejemplo que me impacta es la educación rural: niños que caminan horas para llegar a escuelas con escasos recursos, sin acceso a tecnología ni bibliotecas adecuadas. En estas condiciones, ¿cómo podemos medir la “erradicación” de la pobreza solo con cifras de ingresos?
Otro punto crítico es la desigualdad regional. Incluso dentro de las áreas rurales, hay zonas que reciben menos inversión, menos oportunidades y menos atención gubernamental. Las crisis recientes —la pandemia de COVID-19, la caída de la industria inmobiliaria y el lento crecimiento del consumo— han frenado la mejora de ingresos en los segmentos más vulnerables. Esto me hace reflexionar: ¿realmente es sostenible el desarrollo si depende de un crecimiento económico que no llega a todos por igual?
Es aquí donde la narrativa ideológica de la izquierda peruana choca con la realidad concreta. Algunos sectores, especialmente aquellos que admiran el modelo comunista chino, presentan al país como un ejemplo de desarrollo equitativo. Pero yo lo veo de otra manera: China es una economía de contrastes, donde la riqueza y la modernidad coexisten con la pobreza invisible y la desigualdad persistente. ¿Qué nos enseña esto? Que los logros económicos no siempre equivalen a justicia social ni a bienestar general.
En resumen, puedo afirmar que China ha logrado una hazaña histórica en reducción de pobreza extrema, pero no ha resuelto el problema de manera integral. Las desigualdades rurales-urbanas, las limitaciones en servicios esenciales y los desafíos estructurales persisten. Para mí, esto invita a reflexionar sobre lo que realmente significa desarrollo: no basta con cifras impresionantes, sino con condiciones de vida dignas para todos. Si no se atienden estas disparidades, ¿podemos decir que un país ha alcanzado su verdadero potencial? China nos recuerda que la riqueza de un país no se mide solo en millones de dólares, sino en la calidad de vida de cada ciudadano. Y ese es un estándar que aún tiene mucho camino por recorrer.
