En democracia, el debate no debería verse como una amenaza, sino como una obligación moral frente al país. Sin embargo, parece que algunos sectores políticos y ciertas instituciones siguen creyendo que ocultar candidatos es una estrategia válida para evitar cuestionamientos públicos. Hoy me preocupa profundamente la aparente intención del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de evitar un debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Juntos por el Perú y Fuerza Popular. Y la pregunta que me hago, como seguramente millones de compatriotas también se la hacen, es muy simple: ¿por qué temerle al debate?
Personalmente considero que esta situación refleja uno de los problemas más graves de nuestra política actual: el miedo a la transparencia. Porque cuando se evita que un candidato debata, lo que realmente se evita es que la ciudadanía conozca sus capacidades, su preparación y su verdadero nivel para asumir responsabilidades de Estado. Y eso es extremadamente delicado en un país como el nuestro, donde la historia política nos ha demostrado, una y otra vez, que los vicepresidentes terminan ocupando la Presidencia de la República.
No estamos hablando de cargos decorativos. No se trata de personas que solo acompañan una fotografía electoral o aparecen levantando la mano en campaña. Un vicepresidente puede terminar tomando decisiones sobre la economía nacional, la seguridad ciudadana, la salud pública o incluso la estabilidad democrática del país. Entonces, ¿cómo justificar que no sean sometidos al escrutinio público?
Creo que el pueblo peruano merece saber quiénes son realmente esas personas que podrían gobernarnos. Merece escuchar cómo piensan, cómo reaccionan ante preguntas difíciles, qué conocimientos tienen sobre gestión pública y si cuentan con la madurez política necesaria para enfrentar una crisis nacional. Porque gobernar no es repetir slogans ni leer discursos preparados; gobernar exige capacidad, criterio y liderazgo.
Lo más preocupante es que pareciera que algunas autoridades electorales están más interesadas en proteger candidaturas que en fortalecer la democracia. Y eso es peligrosísimo. El rol del JNE debería ser garantizar igualdad de condiciones, promover la transparencia y fomentar espacios donde los ciudadanos puedan evaluar a todos los integrantes de las fórmulas presidenciales. No debería actuar como un muro de protección para evitar que ciertos candidatos queden expuestos ante la opinión pública.
Aquí surge otra reflexión importante: si muchos militantes y simpatizantes aseguran en las redes sociales que los representantes de las zonas rurales o comunidades campesinas están plenamente preparados para asumir la Presidencia o vicepresidencia de la República, entonces no debería existir ningún temor a un debate abierto. Al contrario, sería la oportunidad perfecta para demostrar capacidad, inteligencia política y preparación técnica frente al país y ante la comunidad internacional. ¿Por qué esconderlos entonces? ¿Por qué evitar que hablen? ¿Por qué impedir que respondan preguntas básicas sobre economía, educación, salud, seguridad o institucionalidad democrática?
Cuando un candidato evita debatir, inevitablemente genera sospechas. Y cuando una institución electoral aparentemente facilita ese silencio, la desconfianza ciudadana crece aún más. El problema no es solamente político; también es ético. Porque la democracia se sostiene sobre la información. Un ciudadano desinformado vota con incertidumbre y una nación que vota con incertidumbre termina pagando costos enormes.
Recuerdo cómo en distintos momentos de nuestra historia reciente los vicepresidentes terminaron asumiendo el poder en medio de crisis políticas, vacancias o renuncias presidenciales. Eso demuestra que el cargo no es simbólico. Por ello me resulta incomprensible que todavía existan sectores que pretendan minimizar la importancia de estos debates.
Además, vivimos tiempos donde la ciudadanía exige más preparación y menos improvisación. Amigo lector estamos cansado de políticos que llegan al poder sin experiencia, sin conocimiento técnico y sin capacidad de gestión. El país necesita líderes preparados para enfrentar problemas reales: pobreza, inseguridad, corrupción, desempleo y crisis institucionales. Y para saber si alguien está listo o no, el debate sigue siendo una de las herramientas democráticas más importantes.
No basta con tener carisma o respaldo partidario. Tampoco basta con representar a determinado sector social o gremial. La representación debe ir acompañada de capacidad. Porque el Estado no se administra con buenas intenciones, sino con preparación, visión y liderazgo.
Por eso considero que el debate entre vicepresidentes no solo debería permitirse, sino convertirse en una obligación democrática permanente en cada proceso electoral. La ciudadanía tiene derecho a conocer a todos los posibles gobernantes del país. Ocultar candidatos jamás fortalecerá la democracia; únicamente aumentará la desconfianza y el rechazo ciudadano hacia las instituciones públicas.
En otras palabras, evitar un debate entre candidatos a la vicepresidencia representa un grave retroceso democrático. Necesitamos más transparencia y menos protección política. Si los vicepresidentes forman parte de una fórmula presidencial, entonces deben demostrar públicamente que tienen la capacidad de gobernar. El debate no debilita la democracia; la fortalece. Lo verdaderamente peligroso es esconder a quienes mañana podrían dirigir el destino de millones de peruanos.
