Por Ubaldo Alvarez A ||
Hablar del supuesto “abandono del Estado” en el país fue un recurso utilizado con frecuencia durante el debate público de la primera y segunda vuelta electoral, especialmente por algunos de los candidatos provenientes de sectores de izquierda. Esta idea se repitió como un diagnóstico contundente, casi incuestionable, frente a los problemas sociales y territoriales del país. Sin embargo, desde una lectura institucional más rigurosa, considero que dicha afirmación resulta incompleta.
En regiones como Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Tacna, Ayacucho y zonas rurales de Arequipa, la percepción de abandono tiene una base empírica difícil de negar: déficits persistentes en agua potable, saneamiento, infraestructura vial, servicios de salud especializados y calidad educativa. Estas carencias no son imprecisas; se expresan en tiempos de traslado excesivos, en centros de salud sin especialistas o en escuelas con infraestructura precaria.
Ahora bien, el punto crítico que rara vez se problematiza es el siguiente: el Estado sí está presente. La idea de vacío institucional no se ajusta a la realidad. El Estado opera a través de múltiples niveles simultáneos. El gobierno nacional diseña políticas, transfiere recursos, ejecuta megaproyectos y sostiene programas sociales. En paralelo, los gobiernos regionales y municipales gestionan una parte sustantiva de la inversión pública y de los servicios cotidianos. Entonces, la pregunta no es si el Estado existe en el territorio, sino: ¿por qué su presencia no produce resultados visibles y sostenidos?
El problema central es la desarticulación entre niveles de gobierno. El Estado opera como un conjunto de piezas que no necesariamente encajan entre sí. El gobierno nacional planifica, pero muchas veces no logra traducir sus políticas en ejecución efectiva en las regiones citadas. Los gobiernos regionales y locales, por su parte, concentran la ejecución del gasto, pero enfrentan limitaciones técnicas, alta rotación de funcionarios y debilidades de gestión.
En este escenario, una parte significativa del presupuesto termina absorbida por gasto corriente, especialmente planillas administrativas, reduciendo el margen para inversión pública efectiva. Esta situación no es menor: implica que el Estado, aun con recursos disponibles, pierde capacidad de transformación concreta.
A ello se suma un factor estructural: la inestabilidad política y la debilidad institucional en los niveles subnacionales. Cambios constantes de funcionarios, autoridades, decisiones improvisadas y limitada planificación estratégica generan discontinuidad en las políticas públicas. ¿Cómo puede consolidarse un sistema de servicios eficiente si cada gestión reinicia prioridades?
No se puede omitir otro elemento crítico: la corrupción y la mala gestión pública. Cuando los recursos no se ejecutan con transparencia o eficiencia, el impacto social es inmediato. Obras inconclusas, proyectos sobrevalorados o servicios mal implementados erosionan la confianza ciudadana.
Aquí surge una contradicción relevante. Se afirma con frecuencia que “el Estado no llega”, pero en realidad los actores más visibles del Estado en el territorio —alcaldes, gobernadores regionales y funcionarios públicos— sí están presentes. Son el Estado en su expresión más directa. La pregunta es: ¿por qué esa presencia no se traduce en bienestar tangible para la sociedad? ¿Por qué algunos actores políticos de izquierda utilizan discursos que pueden influir o generar confusión en determinados sectores del electorado?
Sostengo que el concepto de “abandono” funciona más como una categoría política y emocional que como una descripción técnica del sistema estatal. Lo que existe es una presencia del Estado que no cumple expectativas mínimas de eficiencia, continuidad y transparencia.
Este malentendido se profundiza debido a la centralización histórica del país. La ciudadanía suele responsabilizar casi exclusivamente al gobierno nacional, cuando, en realidad, una parte importante de la ejecución de políticas, obras y servicios recae en los gobiernos regionales y locales. Esta percepción distorsionada diluye la rendición de cuentas y debilita el control ciudadano sobre quienes administran directamente los recursos en cada jurisdicción.
Frente a ello, surge una pregunta necesaria: ¿estamos evaluando correctamente a nuestras autoridades y funcionarios, especialmente a aquellos que toman decisiones en nuestro propio ámbito regional o local? Asimismo, cabe reflexionar si resulta más fácil culpar a un nivel central distante que exigir resultados concretos a las autoridades más cercanas, aquellas cuya gestión impacta de manera directa en nuestra vida cotidiana.
En definitiva, en tiempos de la modernidad hablar de “abandono del Estado” simplifica un fenómeno mucho más complejo. No enfrentamos una ausencia estatal, sino una presencia fragmentada, descoordinada y debilitada por problemas de gestión, corrupción y baja articulación intergubernamental. El desafío no es “traer al Estado”, sino reconstruir su capacidad de funcionar como un sistema coherente en todos sus niveles. Mientras no se asuma esta complejidad, el debate público seguirá atrapado en narrativas incompletas. Y la ciudadanía continuará percibiendo abandono donde, en realidad, existe un Estado que está presente, pero que aún no logra cumplir con lo esencial: transformar recursos en bienestar real y sostenido.
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