Por Ubaldo Alvarez A ||

Cuando una empresa minera anuncia que un proyecto aumenta de 1,200 a 1,800 hectáreas, extiende su corredor mineralizado y se prepara para perforar, la noticia suele presentarse como una señal de crecimiento, inversión y confianza geológica. Sin embargo, veo otra cara de esa expansión. Mientras Patriot Resources fortalece su posición en el proyecto Tassa, en Moquegua, persiste una pregunta que formulé meses atrás y que hoy cobra todavía más fuerza: ¿dónde queda la comunidad cuando el proyecto aumenta de valor, cambia de propietario y amplía sus expectativas económicas?

En diciembre de 2025 advertí sobre esta contradicción al conocer la venta del Proyecto Tassa. Entonces, Bear Creek Mining Corporation acordó transferir el proyecto por US$ 3,5 millones, además de conservar una regalía futura del 2% sobre una eventual producción. Mi preocupación era sencilla: mientras las empresas podían cuantificar económicamente el proyecto y negociar sobre él, la comunidad campesina de Tassa quedaba fuera de esa transacción.

Patriot Resources no solamente adquirió el proyecto mediante la compra de Colque Holding. Ahora incorporó Tassa 5, elevando su superficie controlada hasta las 1,800 hectáreas y ampliando de aproximadamente 2.9 a 3.1 kilómetros el corredor mineralizado estimado. Además, la propia compañía informa un recurso mineral inferido de 31.4 millones de onzas equivalentes de plata, con una ley promedio de 52.68 gramos por tonelada de plata equivalente. Son datos que muestran que Tassa no es simplemente un espacio geográfico cualquiera. Existe una expectativa minera concreta y creciente.

El valor empresarial crece; el diálogo comunal no parece hacerlo al mismo ritmo. Una empresa tiene derecho a evaluar una inversión, adquirir concesiones y buscar rentabilidad. No cuestiono esa lógica empresarial. Lo que cuestiono es que, cuando llega el momento de relacionarse con quienes viven sobre esos territorios, pareciera utilizarse una lógica completamente distinta.

Según lo discutido en la última asamblea de la comunidad, después de la transferencia del proyecto, representantes vinculados a Colque Holding llegaron solicitando autorización para ingresar y desarrollar trabajos durante un periodo de cinco años con una propuesta de  600 mil soles. La respuesta de los comuneros fue de indignación.

Pensemos en algo sencillo. Si alguien compra un negocio porque considera que tiene futuro, luego adquiere el local contiguo porque observa posibilidades de crecimiento y después anuncia que realizará nuevas inversiones para conocer mejor su potencial, difícilmente podría sostener que aquello tiene escaso valor. Eso es precisamente lo que la comunidad observa hoy en Tassa.

Por eso, en asamblea, los comuneros plantearon una contrapropuesta de 5 millones de soles o S/ 500 mil soles por plataforma de perforación, según los acuerdos comunales señalados. Los representantes empresariales no aceptaron y se retiraron raudamente.

Aquí está, a mi juicio, el verdadero problema: no estamos únicamente ante una discusión sobre cuánto debe pagarse. Estamos ante una disputa sobre cómo se reconoce el valor del territorio y quién tiene derecho a participar en las decisiones que lo afectan.

Durante años hemos escuchado que la concesión minera y la propiedad superficial son jurídicamente diferentes. Lo entiendo. Pero una cosa es comprender la arquitectura legal y otra muy distinta pensar que esa separación resuelve la dimensión social del problema.

Una concesión puede existir sobre un mapa, tener coordenadas, hectáreas y derechos reconocidos. Pero debajo de esas líneas administrativas hay territorio vivido. Hay personas, identidad cultural, actividades agrícolas, caminos, fuentes de agua, relaciones comunales y expectativas sobre el futuro.

Una empresa puede adquirir una concesión; no adquiere automáticamente la confianza de la población. Y esa confianza no se compra con una reunión apresurada ni con una propuesta económica formulada unilateralmente. Se construye explicando qué se quiere hacer, cuánto tiempo durará, qué impactos podría generar, qué beneficios existirán y qué compromisos concretos se asumirán.

Por eso pienso preocupado que la expansión hacia Tassa 5 avance mientras la relación con Tassa aparentemente continúa sin resolverse. La compañía ha señalado que trabaja en acuerdos con las comunidades de Tassa y Pachamayo, debido a que terrenos de esta última se superponen parcialmente con la nueva concesión. Esto abre otra pregunta inevitable: ¿puede consolidarse un proyecto dialogando separadamente con comunidades que comparten un mismo espacio de influencia sin generar nuevas tensiones entre ellas?

No afirmo que Patriot Resources esté enfrentando deliberadamente a una comunidad con otra. Sería irresponsable sostenerlo sin pruebas. Pero sí creo indispensable que cualquier negociación con Pachamayo sea transparente y que no termine debilitando la posición negociadora de Tassa ni generando comparaciones, sospechas o divisiones. En minería, pocas cosas son más peligrosas que la percepción de que una comunidad recibe un trato distinto de otra sin explicaciones claras.

También se informa que el Ministerio de Energía y Minas confirmó que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto continúa vigente y sin observaciones. Eso representa un elemento administrativo importante, pero sería un error confundirlo con aceptación social. Un documento ambiental vigente no equivale a un acuerdo comunitario.

Patriot Resources parece reconocerlo cuando afirma que su objetivo es alcanzar un acuerdo con Tassa y Pachamayo antes de avanzar con la perforación de Fase 1. Ese reconocimiento es positivo, pero ahora debe traducirse en hechos.

Porque perforar no significa solamente colocar una máquina sobre una plataforma. Supone ingresar físicamente al territorio, movilizar personal y equipos, habilitar accesos y desarrollar actividades durante determinados periodos. Por eso las condiciones deben quedar claras antes de comenzar, no después. ¿Queremos repetir la conocida secuencia de muchos conflictos mineros del país: primero avanzar, después explicar y finalmente intentar apagar el conflicto? Creo que Tassa todavía está a tiempo de evitar ese camino.

Patriot Resources puede encontrar plata y oro. Puede ampliar recursos. Puede descubrir nuevas estructuras mineralizadas y aumentar el valor económico del proyecto. Pero hay un activo que ninguna perforación podrá medir: la relación con la comunidad.

Si la empresa entiende esto únicamente como un costo que debe reducir, probablemente encontrará resistencia. Si, en cambio, comprende que está negociando con personas que convivirán durante años con las consecuencias de sus decisiones, tendrá posibilidades de construir una relación diferente.También corresponde responsabilidad a la comunidad. 

Una negociación seria requiere sustentar las propuestas, mantener unidad interna, exigir información verificable y evitar que las decisiones sean resultado únicamente de emociones momentáneas. Defender los derechos comunales no significa rechazar automáticamente toda inversión; significa negociar desde una posición informada y digna.

Sin embargo, sigo defendiendo la misma idea que planteé cuando Tassa fue vendido: no es razonable que el proyecto cambie de manos, aumente de superficie, eleve sus expectativas geológicas y avance hacia la perforación mientras quienes viven sobre ese territorio continúan preguntándose qué lugar ocupan en esta historia.

En pocas palabras, la discusión no debe reducirse a S/ 600,000, S/ 5 millones o determinada cantidad por plataforma. El asunto de fondo es mucho mayor. Se trata de decidir si las comunidades serán consideradas únicamente cuando una empresa necesite autorización para ingresar o si serán reconocidas como actores indispensables desde el inicio.

Porque Tassa ya creció de 1,200 a 1,800 hectáreas. El corredor mineralizado también creció. Las expectativas empresariales crecen. Lo que todavía falta por demostrar es si también crecerá el respeto hacia las comunidades. Y esa respuesta no aparecerá en una perforación geológica. Se verá en la mesa de negociación.