Por Ubaldo Alvarez A ||
Durante mucho tiempo hemos pensado que la delincuencia organizada es simplemente una versión más grande de la criminalidad común. Sin embargo, pienso que esa mirada ya no alcanza para entender la realidad que enfrentamos. Cuando un grupo criminal tiene estructura permanente, recursos económicos, armas, control territorial, capacidad de infiltración y utiliza el miedo como una herramienta para imponer su voluntad, estamos frente a un fenómeno mucho más grave: una forma de terrorismo criminal que busca reemplazar la autoridad del Estado por el poder de la violencia.
Mi posición es clara: las organizaciones criminales que cumplen estas características deben ser reconocidas y enfrentadas con una respuesta jurídica y estatal acorde a su verdadera dimensión. No se trata de exagerar el problema ni de aplicar etiquetas por presión social; se trata de reconocer que existen grupos cuya finalidad práctica no es solamente cometer delitos, sino controlar personas, territorios y actividades económicas mediante la intimidación.
Organizaciones como Los Pulpos, La Jauría o el Tren de Aragua muestran una evolución preocupante del crimen. No estamos hablando únicamente de delincuentes que actúan de manera aislada. Hablamos de estructuras que cobran cupos, asesinan para enviar mensajes, emplean explosivos y convierten el temor de la población en un mecanismo de dominación. La violencia dejó de ser una consecuencia de sus actividades: se convirtió en su principal herramienta de poder.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué diferencia existe entre un delincuente que comete un delito y una organización que impone reglas sobre la vida de una comunidad? La respuesta está en la capacidad de control. Un ciudadano que debe pagar para poder trabajar, vender sus productos o transportar pasajeros ya no vive bajo una libertad plena. Aunque conserve sus derechos en el papel, en la práctica existe alguien más decidiendo cuánto puede ganar, qué puede hacer y qué consecuencias tendrá si se niega.
El cobro de cupos representa algo más profundo que una simple extorsión. Es un sistema de sometimiento. Es como si apareciera un gobierno paralelo que cobra sus propios impuestos, establece sus propias reglas y aplica castigos fuera de la ley. El comerciante que entrega dinero para evitar que destruyan su negocio, o el transportista que paga para proteger su ruta, no está realizando una transacción voluntaria; está respondiendo a una amenaza.
Algunos podrían argumentar que llamar terrorismo a estas organizaciones puede generar confusión con otros fenómenos de violencia política. Sin embargo, estimo que el debate no debe centrarse únicamente en el nombre, sino en la naturaleza del daño. Si un grupo utiliza sistemáticamente el terror para controlar una población y desafiar la autoridad estatal, el Estado tiene la obligación de contar con herramientas legales que permitan enfrentarlo con mayor eficacia.
Esta problemática también demuestra que el crimen organizado no vive solamente de la violencia callejera. Sus redes pueden expandirse hacia economías ilegales como la minería ilegal, donde aparecen otros delitos relacionados: lavado de activos, corrupción, explotación laboral y trata de personas. El dinero obtenido mediante estas actividades permite comprar armas, tecnología, información y protección. El verdadero poder de estas organizaciones no está solamente en quienes disparan, sino en quienes financian, esconden y facilitan su funcionamiento.
Por eso, la respuesta del Estado no puede quedarse en capturar al último eslabón de la cadena. Arrestar al cobrador de cupos puede generar una sensación momentánea de justicia, pero no destruye la organización. Se necesita investigar el dinero, identificar a los líderes, perseguir los bienes obtenidos ilegalmente y descubrir las redes de corrupción que permiten que estas estructuras sobrevivan.
También debemos mirar a las víctimas. Una persona explotada sexualmente, un menor obligado a trabajar o una familia amenazada para entregar dinero no son simples afectados de un delito aislado. Son personas atrapadas por un sistema de dominación. Las formas de esclavitud han cambiado; ya no siempre aparecen con cadenas visibles. A veces llegan en forma de amenazas, miedo y silencio.
El Perú logró derrotar una amenaza terrorista que durante años sembró muerte y destrucción. Hoy el desafío es diferente, pero igualmente peligroso. Las organizaciones criminales modernas no buscan imponer una ideología, buscan imponer un negocio basado en el miedo. Y si el Estado no responde con inteligencia, justicia y firmeza, esos espacios serán ocupados por quienes entienden la violencia como una forma de gobierno.
Las cadenas cambiaron, pero la esclavitud también. Antes podía verse en grilletes; hoy puede esconderse detrás de un mensaje extorsivo, una amenaza telefónica o una persona que entrega parte de su esfuerzo simplemente para poder sobrevivir. La defensa de la libertad exige reconocer esta nueva realidad y enfrentarla con toda la fuerza legítima que la ley permite.
