Por Ubaldo Alvarez A ||
Por años he escuchado que la corrupción es “parte del sistema”, una frase que muchos repiten con resignación, como si se tratara de algo imposible de combatir. Sin embargo, cada vez que aparece una nueva sentencia contra funcionarios públicos y proveedores del Estado, no puedo evitar preguntarme: ¿cuántas escuelas dejaron de construirse?, ¿cuántos centros de salud quedaron abandonados?, ¿cuántas carreteras jamás llegaron a los pueblos más alejados por culpa de quienes decidieron enriquecerse con dinero público?
El reciente caso ocurrido en el Gobierno Regional de Moquegua vuelve a demostrar que la corrupción no es solamente un delito administrativo ni un simple titular periodístico. Es una tragedia social que golpea directamente a las poblaciones más vulnerables. La sentencia contra Mirtha Milagros Paredes Fernández, Milton Flores Ticona y otros funcionarios vinculados a las áreas de logística y adquisiciones evidencia cómo el aparato estatal puede ser manipulado para beneficiar intereses particulares mientras las verdaderas necesidades del pueblo quedan relegadas.
Según lo acreditado por la Fiscalía, durante los años 2017 y 2018 se realizaron contrataciones directas por servicios que nunca fueron prestados, hechos ocurridos en plena gestión de “Jamocho”. Es decir, funcionarios aprobaron pagos y ejecutaron simulaciones administrativas utilizando recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. Y aquí es donde considero que debemos detenernos a reflexionar seriamente: ¿cómo puede dormir tranquilo alguien que roba dinero destinado al desarrollo y bienestar de su propia región?
Creo firmemente que la corrupción tiene un rostro humano. Tiene el rostro de la madre que debe recorrer durante horas una carretera de trocha para llevar a su hijo enfermo a un centro de salud en ciudades como Arequipa o Moquegua. Tiene el rostro del estudiante que aprende en aulas sin tecnología ni infraestructura adecuada. Tiene el rostro del comunero que jamás recibió capacitación para fortalecer la gestión y organización administrativa de su comunidad. Cada sol desviado no solo representa dinero perdido, sino oportunidades destruidas, derechos vulnerados y sueños truncados para miles de peruanos.
Lo más preocupante es que estos casos generan una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. Cuando la población observa que quienes administran recursos del Estado terminan involucrados en actos ilícitos, surge inevitablemente una sensación de abandono y frustración. Y me pregunto: ¿cómo exigirle al ciudadano que respete la ley si muchas autoridades utilizan el poder para beneficio propio?
Sin embargo, también considero importante reconocer el trabajo del sistema judicial y del Ministerio Público cuando logran demostrar estos delitos y obtener sentencias condenatorias. En un país donde muchas veces reina la impunidad, decisiones judiciales como esta envían un mensaje claro: el abuso del poder no debe quedar sin castigo. La confirmación de las penas y la orden de captura inmediata representan un precedente importante para combatir la corrupción regional.
Pero no basta con castigar después de que el daño ya está hecho. Desde mi punto de vista, en nuestro país necesitamos fortalecer urgentemente los mecanismos de prevención y fiscalización. La transparencia en las contrataciones públicas no puede seguir siendo una promesa vacía. Se requieren sistemas más rigurosos de control, vigilancia ciudadana y sanciones ejemplares para quienes traicionan la confianza pública.
Además, considero que la educación ética y en valores debe recuperar protagonismo en nuestra sociedad. Hemos normalizado tanto los actos de corrupción pequeños y grandes, que muchas veces algunos justifican estas conductas diciendo: “todos lo hacen”. Ese pensamiento es peligroso porque destruye lentamente los valores colectivos y convierte la corrupción en una práctica cotidiana.
No podemos olvidar que el dinero público no pertenece a los funcionarios ni a los proveedores favorecidos irregularmente. Ese dinero nos pertenece a todos los peruanos. Le pertenece a las comunidades rurales que aún esperan carreteras asfaltadas, colegios modernos y servicios básicos dignos. Le pertenece a las futuras generaciones que merecen un país más justo y transparente.
Finalmente, estoy convencido de que la corrupción no solo roba recursos económicos; roba esperanza, oportunidades y calidad de vida. Casos como el ocurrido en Moquegua deben servirnos para reflexionar sobre el enorme daño que ocasiona la deshonestidad dentro del Estado. Mientras existan funcionarios que utilicen el poder para enriquecerse ilícitamente, seguirán siendo las poblaciones más olvidadas quienes paguen las consecuencias. El Perú necesita autoridades comprometidas con el desarrollo real de sus comunidades y ciudadanos que no normalicen jamás el abuso ni la corrupción. Solo así podremos construir un país más digno, transparente y humano.
Foto: GRM.
