Por Ubaldo Alvarez A ||
Cuando pienso en la palabra Salud, imagino hospitales llenos de médicos comprometidos, camas disponibles y medicamentos suficientes para quienes más los necesitan. Sin embargo, lo que hoy se discute en EsSalud me hace cuestionar esa imagen: un decreto de urgencia, impulsado por el presidente José María Balcázar, que buscaba facilitar licitaciones millonarias sin los filtros normales. Más de 1,800 millones de soles podrían esquivar los mecanismos de transparencia bajo el pretexto de resolver un desabastecimiento que afecta a 506 medicamentos y 336 dispositivos médicos en áreas tan sensibles como oncología y VIH.
Al reflexionar sobre esto, me pregunto: ¿es legítimo saltarse los procesos de licitación para “salvar vidas”, o estamos ante un riesgo de corrupción flagrante? La historia reciente nos da pistas preocupantes. El exgerente general de EsSalud, Mariano Cuentas Jara, renunció justamente por negarse a firmar el decreto. Su postura, basada en principios de ética y legalidad, me hace pensar: ¿cuántos funcionarios estarían dispuestos a ceder bajo presión política, aún sabiendo que el presupuesto de EsSalud asciende a 17,400 millones de soles y debería alcanzar para garantizar atención adecuada?
Recuerdo mi reciente internamiento en EsSalud. Observé de primera mano los esfuerzos de los especialistas por cumplir su labor, a pesar de la evidente falta de recursos, equipos y la infraestructura limitada. Los médicos y enfermeras luchan día a día por salvar vidas, pero ¿cómo pueden hacerlo cuando la institución que los respalda prioriza decretos que parecen más un “botín” que una medida de protección social? Este contraste entre la dedicación del personal y las decisiones administrativas me resulta desconcertante.
La coincidencia con la salud del expresidente Pedro Castillo añade un elemento aún más inquietante. Informes periodísticos sugieren que mientras se elaboraba un diagnóstico médico que justificara un indulto, simultáneamente se elaboraba un decreto que permitiría desviar fondos de EsSalud. Esto me lleva a cuestionar si los intereses de los asegurados están verdaderamente en primer lugar, o si se priorizan agendas ocultas que convierten el presupuesto público en un botín.
Pero no todo es desolador. La denuncia periodística y la inmediata reacción del Ministerio Público demuestran que la vigilancia ciudadana y la prensa siguen siendo instrumentos esenciales para evitar que la corrupción se consolide. Me pregunto, sin embargo: ¿es suficiente la acción reactiva, o necesitamos un mecanismo preventivo más robusto que proteja los recursos de la salud antes de que se aprueben decretos como este?
Para mí, este caso no solo es un reflejo de la vulnerabilidad institucional, sino también una llamada de atención: la transparencia en la salud pública no puede ser negociable. Cada sol que se desvía de su propósito es una oportunidad perdida para salvar vidas. Cada paciente que no recibe atención adecuada es un aviso de que la ética y la responsabilidad deben prevalecer sobre los intereses económicos.
En conclusión, como ciudadano y observador crítico, sostengo que la salud no puede ser instrumento de lucro ni la urgencia de una excusa para la discrecionalidad.Necesitamos cuestionar, exigir y vigilar cada decreto que afecte directamente a la vida de millones de peruanos. Solo así podremos aspirar a un sistema de salud que cumpla con su verdadero objetivo: salvar vidas y garantizar dignidad. Y me queda la reflexión final: si no protegemos los recursos públicos en salud, ¿qué confianza podemos tener en que nuestras vidas valgan más que el dinero?
Foto: Andina
