Desde hace más de veinte días, Bolivia arde en un conflicto social que nos invita a cuestionar no solo la política de nuestros vecinos, sino también nuestras propias convicciones sobre democracia, institucionalidad y la dirección económica del país. Como ciudadano que observo con atención la región, debo admitir que lo que ocurre en La Paz y otras ciudades del altiplano va más allá de un simple conflicto social: se trata de un espejo inquietante que refleja las consecuencias de décadas de mala gestión, corrupción y populismo frente a una ciudadanía que exige resultados concretos y responsables.
Yo me pregunto: ¿cómo es posible que, tras veinte años de políticas destructivas, todavía haya sectores que prefieren bloquear, saquear y quemar llantas antes que aceptar el resultado de las urnas? Esa es la realidad que hoy enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz, apenas seis meses en el poder, intentando reparar un país que el exmandatario Evo Morales y su aliado Luis Arce dejaron sumido en la miseria económica y la desconfianza internacional.
Lo que vemos en las calles no es espontáneo; es la consecuencia de una estrategia de confrontación que busca forzar a la población y al gobierno a retroceder, mientras quienes deberían rendir cuentas, algunos con acusaciones graves como pedofilia, aprovechan el caos para evadir la justicia. No se trata solo de un conflicto político: es un problema de ética, de legalidad y de respeto a la democracia.
Al observar los saqueos, los bloqueos y los ataques a la propiedad pública y privada, no puedo evitar recordar ejemplos recientes de cómo el populismo deteriora la economía. Los Inversionistas huyen ante la falta de garantías, el empleo privado se reduce y en consecuencia, la pobreza y la informalidad crecen. Bolivia es hoy un polvorín económico y social y aún así, algunos sectores prefieren la revuelta antes que la reconstrucción.
Como peruano, me alarma la pasividad de ciertos seguidores locales del “socialismo del siglo XXI”, que defienden las mismas ideas que Morales aplicó en Bolivia y que llevaron al desastre. ¿Acaso no deberían condenar los hechos violentos, en lugar de celebrarlos o ignorarlos? La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es clave para la democracia, y aquí vemos un doble modelo preocupante: se defiende el caos mientras se critica a quienes buscan respetar la voluntad popular.
Lo más inquietante es que estas tensiones no se resolverán en semanas. Se necesitan años de reformas económicas, institucionales y sociales para revertir los efectos de políticas populistas que agotaron reservas, subsidiaron de manera irracional y promovieron una cultura de dependencia del Estado. El gobierno de Paz apenas comienza, y exigir resultados inmediatos es olvidar que reconstruir un país no es tarea de unos pocos meses, sino de planes estratégicos sostenidos.
Entonces, me pregunto: ¿qué lecciones deberíamos aprender nosotros, los peruanos, de lo que sucede en Bolivia? ¿Estamos preparados para resistir el chantaje de la revuelta y apostar por soluciones a largo plazo? Creo que la respuesta está en la educación política de la ciudadanía, en su capacidad de discernir entre populismo y democracia, entre caos y progreso.
En definitiva, considero, Bolivia no es solo un polvorín social; es un laboratorio de lecciones políticas y económicas. La población y sus líderes deben aprender que el cambio profundo requiere tiempo, estrategia, capacidad de las autoridades de turno y un compromiso con la ley. La violencia no es alternativa y quienes la promueven deben entender que el país no puede reconstruirse sobre cenizas. Mientras tanto, los ciudadanos del Perú y de la región debemos mirar, analizar y reflexionar: ¿estamos construyendo democracias o estamos permitiendo que la impunidad y el caos guíen nuestro destino?
Foto: Transparencia Bolivia.
